Nuestro país es protagonista de una crisis tripartita: política, social y económica. Por un lado, en la esfera política opera una crisis de credibilidad de los gobernados hacia los gobernantes donde la República está siendo paliada en su más profunda concepción. Candidaturas testimoniales, proyectos personalistas que no osan presentar programas de gobierno desfilan por el imaginario colectivo social despojando a la política de su genuina dimensión ética. Por el otro, el mismo Gobierno descree de la confianza de los ciudadanos al pedirles que ratifiquen una gestión para las próximas elecciones legislativas. Ya en Proverbios 29:18 dice: “Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer…”.Desde la esfera social la inseguridad acuciante ha denotado un Estado ausente con aviso. El valor vida se ha depreciado tajantemente al punto que, cualquier retaceo por entregar una minucia en un robo, termina con la vida de la víctima. En este escenario se proyecta un nuevo régimen penal juvenil tendiente a bajar la edad de imputabilidad. Ya Michel Foucault en “Vigilar y Castigar” analiza la evolución de la pena. Durante la Edad Media funcionaba un mecanismo en que juzgar era establecer la verdad de un delito lo que implicaba conocer al responsable, la infracción y la ley. Allí, el cuerpo es el blanco de castigo considerado la cosa del rey sobre la cual recaía su marca. En tanto hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX el enfoque es la corrección, cómo prever la evolución del sujeto cuyo cuerpo es considerado un bien social y, como tal, objeto de una apropiación colectiva y útil. Así se ingresa a la era de la sobriedad punitiva donde se priva al individuo de una libertad considerada a la vez un derecho y un bien. El énfasis se coloca en el alma. Se busca controlar al individuo neutralizando su estado peligroso, modificando sus disposiciones delictuosas.En este esquema, el alma incluye el pensamiento y la voluntad del sujeto. No se juzga al acto en sí sino a sus infractores, sus inclinaciones afectos, inadaptaciones. La pena se monta sobre las características del infractor. De esta manera, cuando se aborda la “peligrosidad” del delincuente, existe cierta apreciación sobre qué se entiende por normalidad. Foucault dirá que bajo la benignidad cada vez mayor de los castigos, se descubre un desplazamiento de su punto de aplicación, es decir, un nuevo régimen de la verdad. Con lo cual, los suplicios lejos de perder importancia por un progreso del “humanismo”, se ingresa a un nuevo poder de juzgar en el que participan nuevos saberes, técnicas y discursos. Por ello, detrás de la apariencia del avance en la humanización de las penas existen nuevos objetos, entre ellos, la concepción del alma, donde el poder de castigar se maneja bajo ciertas reglas.
Hoy por hoy, bajar la edad de imputabilidad no garantizaría la readaptación social de jóvenes “desviados en términos sistémicos”. Está probado que el encierro lejos de coadyuvar a una modificación de conducta es un repotenciador de delitos. Es preciso abordar una reforma integral del régimen penal que contemple asistencia espiritual, psicológica y todo lo necesario como para asegurarse del cambio genuino que llegue al arrepentimiento del sujeto. De lo contrario es simplemente evadirse de la problemática de fondo donde se aísla al “anormal” para luego volver a la sociedad peor de cómo entró al sistema carcelario.
La esfera económica por su parte experimenta un profundo golpe en la confianza de sus instituciones. Basta observar el poco nivel de inversiones extranjeras en nuestro país. Un país que se digna a través de sus mandatarios cerrar acuerdos con China para fomentar importaciones y bloquear al mismo tiempo, todo tipo de crecimiento nacional al colocar vallas al comercio exterior del sector agropecuario. Un sector que, por cierto, ha sido el artífice del progreso nacional económico desde 2003 en adelante.
Bajo este panorama el Presidente del Partido Justicialista y la Presidenta de la Nación, se esfuerzan en pedir el voto de Junio. Perder la mayoría en las cámaras implicaría enfrentarse a un escenario de diálogo forzoso con la oposición para llevar adelante iniciativas legislativas que, parecería no estarían dispuestos a dar. Dialogar es perder, no construir. Es una pena…
Reclamar el voto de la ciudadanía bajo la compulsa de retrotraernos a la crisis de 2001 lleva a evaluar el componente de voluntariedad del voto. De acuerdo al Código Civil, los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. La manipulación electoral bajo el lema “después de mi el vacío”, coloca a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad tal que, le impide discernir entre sus convicciones y sus intereses. El resultado: un voto bajo estado compulsivo.
El votante adolece ausencia de libre determinación en el acto de votar. Se aprovecha la necesidad del pueblo despertando la bestia interior llamada “beneficio personal”. Se le representa en su ideario el caos de 2001 anulando así el bienestar general. Lamentablemente se inaugura una mal denominada democracia donde el voto cumple básicamente con dos funciones: legitimar el poder del Ejecutivo y degradar la democracia. Una democracia que debería ser concebida como una instancia suprema en la participación del electorado para ver concretados los anhelos de una Nación. Debería ser valorada como un fin, como un modo de vida, como un ideal digno de ser buscado...
GRETEL LEDO
Abogado-politóloga
Hoy por hoy, bajar la edad de imputabilidad no garantizaría la readaptación social de jóvenes “desviados en términos sistémicos”. Está probado que el encierro lejos de coadyuvar a una modificación de conducta es un repotenciador de delitos. Es preciso abordar una reforma integral del régimen penal que contemple asistencia espiritual, psicológica y todo lo necesario como para asegurarse del cambio genuino que llegue al arrepentimiento del sujeto. De lo contrario es simplemente evadirse de la problemática de fondo donde se aísla al “anormal” para luego volver a la sociedad peor de cómo entró al sistema carcelario.
La esfera económica por su parte experimenta un profundo golpe en la confianza de sus instituciones. Basta observar el poco nivel de inversiones extranjeras en nuestro país. Un país que se digna a través de sus mandatarios cerrar acuerdos con China para fomentar importaciones y bloquear al mismo tiempo, todo tipo de crecimiento nacional al colocar vallas al comercio exterior del sector agropecuario. Un sector que, por cierto, ha sido el artífice del progreso nacional económico desde 2003 en adelante.
Bajo este panorama el Presidente del Partido Justicialista y la Presidenta de la Nación, se esfuerzan en pedir el voto de Junio. Perder la mayoría en las cámaras implicaría enfrentarse a un escenario de diálogo forzoso con la oposición para llevar adelante iniciativas legislativas que, parecería no estarían dispuestos a dar. Dialogar es perder, no construir. Es una pena…
Reclamar el voto de la ciudadanía bajo la compulsa de retrotraernos a la crisis de 2001 lleva a evaluar el componente de voluntariedad del voto. De acuerdo al Código Civil, los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. La manipulación electoral bajo el lema “después de mi el vacío”, coloca a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad tal que, le impide discernir entre sus convicciones y sus intereses. El resultado: un voto bajo estado compulsivo.
El votante adolece ausencia de libre determinación en el acto de votar. Se aprovecha la necesidad del pueblo despertando la bestia interior llamada “beneficio personal”. Se le representa en su ideario el caos de 2001 anulando así el bienestar general. Lamentablemente se inaugura una mal denominada democracia donde el voto cumple básicamente con dos funciones: legitimar el poder del Ejecutivo y degradar la democracia. Una democracia que debería ser concebida como una instancia suprema en la participación del electorado para ver concretados los anhelos de una Nación. Debería ser valorada como un fin, como un modo de vida, como un ideal digno de ser buscado...
GRETEL LEDO
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